Implementar el procedimiento con el fin de permitir la atención, seguimiento y control de los requerimientos y órdenes judiciales emanadas por los despachos judiciales a nivel nacional o entes de control, dentro de los términos otorgados y acreditando su cumplimiento de manera efectiva y oportuna, cubriendo el riesgo legal o riesgo antijurídico que se pueda presentar para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como del Fondo Nacional de Vivienda.